La violencia digital se manifiesta a través de distintas conductas, tales como acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, mensajes de odio, vulneración de datos o información privada realizados mediante el uso de tecnologías. Además de la difusión de imágenes, audios o videos —reales o simulados— del contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento.(Procuraduría Federal del Consumidor, 2021)

Si bien ocurre en entornos virtuales, sus efectos son profundamente reales: afecta la dignidad, vulnera la privacidad y puede poner en riesgo la estabilidad emocional, social y, en algunos casos, la integridad de quienes son víctimas. Una de las expresiones más frecuentes y estructurales de la violencia digital es aquella que se dirige contra mujeres y personas con identidades feminizadas, motivada por razones de género.

Este tipo de violencia facilitada por las tecnologías se alimenta de estereotipos, desigualdades estructurales y relaciones de poder que se trasladan —y amplifican— en los espacios digitales, ya que tiene una capacidad de reproducción, permanencia y alcance mayor por la velocidad de las redes sociales y la viralidad del contenido. Diversos mecanismos internacionales y regionales de derechos de las mujeres, este tipo de violencia ha afectado, al menos en alguna ocasión, a tres cuartas partes de las mujeres alrededor del mundo.(Plataforma EDVAW, 2022)

En paralelo, la evolución tecnológica avanza con una rapidez que impone nuevos retos al derecho y a quienes lo aplican. La expansión de herramientas digitales y la irrupción de tecnologías como la inteligencia artificial han transformado la manera en que se cometen agresiones, desafiando los marcos jurídicos tradicionales y la capacidad institucional de respuesta. En este escenario, las personas que operan el sistema de justicia están llamadas a actuar con herramientas que integren no sólo el conocimiento jurídico, sino también enfoques interseccionales, tecnológicos y de derechos humanos. En este contexto, conscientes de estos nuevos desafíos, el Consejo de la Judicatura Federal ha considerado indispensable la elaboración de una guía especializada sobre violencia digital con perspectiva de género, dirigida a personas con funciones jurisdiccionales. Su propósito radica en fortalecer las capacidades institucionales para identificar, analizar y resolver casos de forma oportuna, contextualizada y conforme a los estándares nacionales e internacionales en la materia.

Además, la guía está concebida como una herramienta práctica y accesible, alejándose de un documento meramente teórico o normativo. Finalmente, es importante destacar que también esta actividad responde a que la justicia debe adaptarse y transformarse para evitar perpetuar los vacíos que la violencia digital expone, y que forma parte del compromiso institucional por consolidar una justicia más cercana, eficaz y empática a los diversos contextos que atraviesan a las personas.

El avance de las tecnologías digitales, en especial los sistemas de inteligencia artificial (IA), ha transformado profundamente la manera en que las personas interactúan en los espacios públicos y privados. Esta evolución ha traído consigo nuevos desafíos en materia de derechos humanos, particularmente en relación con la violencia digital basada en género. ¿Es necesario entonces hacer más leyes? Esa pregunta sin duda integra algunos argumentos; sin embargo, desde nuestra Constitución Política encontramos sustento para juzgar con perspectiva de género, además, dado que el Estado mexicano ha firmado y ratificado múltiples instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, se encuentra obligado a garantizar un entorno digital libre de violencia para las mujeres, niñas y personas de la diversidad sexo-genérica, incluso en contextos mediados por tecnologías algorítmicas. En el siguiente cuadro encontramos un breve compendio de nuestro marco normativo para juzgar con perspectiva de género.

Ahora bien, en los siguientes cuadros encontraremos las reformas a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y el Código Penal Federal, las cuales tuvieron lugar en 2021 y son conocidas como Ley Olimpia:

El Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género (2020) marcó un hito al establecer una doctrina constitucional sobre el tema, su versión actualizada funciona como una herramienta práctica para que las personas juzgadoras apliquen la perspectiva de género de forma efectiva, buscando erradicar la discriminación y la violencia, aquí presentamos sus elementos más importantes para la impartición de justicia.

En esta sección se esquematizan los elementos orientadores más relevantes del Protocolo así como las implicaciones para quienes juzgan.

En este capítulo encontrarás links de archivos en PDF así como videos (en la plataforma la presentación es diferente) en youtube con descripciones tanto de los casos que se analizarán como de otros vinculados a la violencia de género en el ámbito organizacional así como otros recursos que te recomendamos consultar a la par del desarrollo de la presente guía. A su vez podrás consultar enlaces para actuar en casos de Violencia Digital.

Casos

• YouTube. (s.f.). Amanda Todd - My story: Struggling, bullying, suicide, self harm.
• MEGAN Foundation. (s.f.). The story of Megan Meier. YouTube.
• Clementi, T. (s.f.). Tyler Clementi story. YouTube.
• Melo, O. C. (s.f.). Olimpia Coral Melo, activista y defensora de derechos digitales. YouTube.

Cursos y Conferencias

• Canal 22. (s.f.). Engaño Brad Pitt con IA. YouTube.
• Centro de Estudios de Justicia de las Américas. (s.f.). Inteligencia Artificial aplicada a la Justicia y al sistema judicial. Ventajas, riesgos y debates. YouTube.
• Especialistas ONU México. (s.f.). En la Inteligencia Artificial, personas con discapacidad sufren de discriminación. YouTube.
• Informática Legal Forense. (s.f.). Informática forense - uso de la inteligencia artificial con áreas de criminalística. YouTube.
• La Izquierda Diario. (s.f.). La ciencia forense digital en la era de la inteligencia artificial. YouTube.
• Sistema de Naciones Unidas México. (s.f.). La Inteligencia Artificial aplicada a la Justicia. YouTube.
• UNESCO. (s.f.). Inteligencia Artificial en la administración de justicia. Parte 1. YouTube.
• UNESCO. (s.f.). Inteligencia Artificial en la administración de justicia. Parte 2. YouTube.
• UNESCO. (s.f.). Inteligencia Artificial en la administración de justicia. Parte 3. YouTube.
• UNESCO. (s.f.). Inteligencia Artificial en la administración de justicia. Parte 4. YouTube.

Guía Especializada

Belem do Pará. (2025). Principales herramientas conceptuales y jurídicas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género contra las mujeres facilitada por las tecnologías (Guía MESECVI).

Guía para la Denuncia de Violencia Digital en México

La violencia digital es un delito y existen diversas instituciones en México a las que puedes acudir para denunciar y recibir apoyo. A continuación, se presenta una guía consolidada con los contactos, direcciones y procedimientos relevantes, incluyendo enlaces directos a los portales oficiales.

Policía Cibernética

La Policía Cibernética es una de las primeras instancias de contacto para reportar incidentes de seguridad y violencia en línea. Puedes hacerlo a nivel federal o estatal.

Policía Cibernética a Nivel Federal (Guardia Nacional)

Teléfono: 088 (disponible 24 horas, los 365 días del año).

Correo electrónico: ceac@cns.gob.mx

Twitter (X): @CEAC_CNS

Sitio Web: Atención Ciudadana Guardia Nacional

Policía Cibernética en la Ciudad de México (Secretaría de Seguridad Ciudadana)

Teléfono: 55 5242 5100, extensión 5086.

Correo electrónico: policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx

Twitter (X): @UCS_CDMX (utilizando el hashtag #CiberneticaCDMX).

Dirección: Calle Liverpool 136, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México.

Sitio Web: Policía Cibernética SSC CDMX

Ministerio Público y Fiscalías

Para formalizar una denuncia penal, es necesario acudir al Ministerio Público. La violencia digital está tipificada en diversas leyes y puede constituir delitos como amenazas, extorsión o acoso.

Fiscalía General de la República (FGR)

La FGR cuenta con una Dirección General de Atención a Víctimas del Delito y unidades especializadas.

Teléfono (atención a víctimas): 800 008 5400 (Línea FEMDENUNCIA).

Dirección (oficinas centrales): Av. Paseo de la Reforma #211-213, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México.

Fiscalías Estatales: Se recomienda buscar el contacto de la fiscalía especializada en delitos informáticos de tu entidad federativa.

Sitio Web para Denuncias: Denuncia en Línea FGR

Otras Opciones de Denuncia y Apoyo:

Denuncia Anónima

Maltrato Infantil (DIF): Si la violencia digital involucra a menores, puedes contactar al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Teléfono: 55 3003 2200 (extensiones 4424, 4425 o 4426).

Sitio Web: Directorio DIF Nacional

Delitos Federales: El número 088 de la Policía Cibernética también funciona para denuncias anónimas.

Plataformas de Redes Sociales

Todas las plataformas como Facebook, Instagram, Twitter (X), y TikTok tienen sus propios mecanismos internos para reportar perfiles, publicaciones o mensajes que violen sus normas comunitarias. Utiliza siempre esta opción como una primera medida para detener el acoso.

Más recursos en la RED

• CONAVIM: ¿Has sufrido acoso cibernético?
• Fiscalía General de la República: Denuncias
• Secretaría de las Mujeres CDMX: Guía de Violencia Digital
• Violencia.Digital (Sociedad Civil)

Para comprender el impacto de la IA en las conductas de violencia en entornos digitales, lo primero es entender lo que significa y cómo funciona. De manera general, la IA es el esfuerzo por automatizar tareas que normalmente realizan las personas, a través de modelos matemáticos que son entrenados para crear software (Amnistía Internacional, 2018).

La violencia digital guarda una relación con la violencia de género tradicional, ya que muchas de sus manifestaciones son extensiones de conductas preexistentes, ahora facilitadas o amplificadas por herramientas tecnológicas. Esto resulta crucial para comprender cómo la IA puede facilitar nuevas expresiones de violencia, desde el grooming y el acoso automatizado hasta la generación de imágenes falsas con contenido sexual mediante deepfakes.

Los sistemas de IA recurren principalmente a la información que se encuentra disponible en Internet, es decir, información que no necesariamente es verídica, que puede estar sesgada o que ha sido obtenida sin el consentimiento de su titular.

Si los sesgos y prejuicios presentes en los datos de entrenamiento pueden perpetuarse en las decisiones automatizadas, se reproducen y amplifican desigualdades sociales preexistentes. Esto se traduce en la prevalencia de estereotipos y exclusiones que afectan especialmente a grupos históricamente vulnerados.

La marcada desigualdad en la conformación de los equipos tecnológicos refleja una brecha tecnológica estructural que afecta especialmente a los grupos históricamente marginados. Al no integrarse sus contextos, experiencias y necesidades en el diseño de estos sistemas, estos grupos quedan nuevamente invisibilizados (Amnistía Internacional, 2018) como lo es el caso de los sesgos en la información en un contexto de desigualdad algorítmica.

El ámbito de la Inteligencia Artificial ha facilitado nuevas formas de agresión que son más difíciles de detectar, regular y sancionar. Lo cual plantea importantes desafíos para el sistema judicial, como la atribución de responsabilidades, la obtención de evidencia en contextos transfronterizos y la existencia de vacíos normativos.

Uno de los principales desafíos jurídicos radica en la dificultad de atribuir responsabilidades, pues el carácter autónomo de ciertas herramientas genera ambigüedades: ¿Quién debe ser considerado responsable?: ¿el programador, el operador, la empresa o el propio algoritmo?

El caso Robert Williams de 2020 en el que un hombre afroamericano fue arrestado erróneamente porque el sistema de reconocimiento facial lo identificó como autor de un robo, es ejemplo de ello. El algoritmo cometió un error, una falla que ocurre con mayor frecuencia con personas de piel oscura, generando críticas por violaciones al debido proceso (ACLU, 2024).

A pesar de los desafíos, la IA también ofrece oportunidades valiosas para mejorar el acceso y la impartición de justicia en casos de violencia digital, en lo que se ha denominado e-justicia o justicia electrónica. En el siguiente diagrama se ejemplifican las herramientas que proporciona la IA así como ejemplos de herramientas disponibles.

Este capítulo analizó cómo la IA media y amplifica la violencia digital, creando nuevos daños y riesgos de discriminación por sesgos algorítmicos. Aunque existen retos jurídicos y tecnológicos, la IA también presenta oportunidades para ser una aliada clave de la justicia si se desarrolla con un enfoque ético y de derechos humanos, facilitando la detección, prevención y análisis de estos casos con mayor eficacia.

En los sistemas de justicia contemporáneos, el deber de garantizar la igualdad sustantiva ante la ley exige una transformación profunda en la forma en que se valora la prueba y se imparte justicia. La obligación de las personas juzgadoras de realizar un análisis probatorio con perspectiva de género e interseccional responde a esta necesidad, al reconocer que los procesos judiciales se desarrollan en contextos históricos marcados por relaciones de poder, dinámicas de discriminación estructural y exclusión.

En este sentido, es fundamental reconocer que el derecho no es neutral: ha sido construido y aplicado dentro de estructuras sociales que reproducen desigualdades. Por ello, adoptar una mirada crítica e inclusiva en la práctica judicial es fundamental para avanzar hacia una justicia verdaderamente equitativa.

En este capítulo se analizan cuestiones relacionadas con la valoración de la prueba aplicando la perspectiva de género e interseccional en casos de violencia digital

Este capítulo aborda la compleja problemática de la prueba en casos de violencia digital, destacando que la evidencia digital es un desafío por ser a menudo oculta, transfronteriza, fácil de alterar y provenir de una amplia gama de dispositivos tecnológicos. Se subraya que esta evidencia es crucial y abarca tanto la planificación previa al delito como las acciones posteriores, cumpliendo desde el punto de vista procesal un triple rol como fuente, medio y objeto de prueba.

En este contexto, el sistema jurídico mexicano se ha adaptado, como lo demuestra el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF), al reconocer explícitamente como prueba toda información generada por medios electrónicos o cualquier tecnología. En esencia, la prueba tecnológica se define como cualquier información con origen en las TICs que tenga la capacidad de acreditar un hecho relevante en un juicio y formar la convicción de las personas juzgadoras.

El CNPCyF también define expresamente el archivo o documento electrónico (Artículo 2) como aquel que ha sido generado, consultado, modificado o procesado por medios digitales u ópticos, y que ha sido enviado, recibido, almacenado o utilizado a través de sistemas de justicia digital. Esta disposición respalda la inclusión de pruebas tecnológicas en los expedientes judiciales y representa un paso importante hacia la modernización del sistema probatorio.

Sin embargo, aunque el CNPCyF reconoce formalmente la validez de esta evidencia, el tratamiento normativo aún puede resultar insuficiente en la práctica, especialmente en lo que respecta a criterios técnicos y metodológicos claros para su identificación, recolección, preservación y valoración. La normativa internacional, como la ISO/IEC 27037 establece tres principios esenciales que deben regir la evidencia digital: relevancia, confiabilidad y suficiencia. Además, se identifican tres elementos esenciales que la conforman:

Así, la prueba digital no solo implica aceptar un archivo electrónico como evidencia, sino garantizar que fue recolectado de forma íntegra, legítima y verificable, bajo estándares técnicos adecuados. En este sentido, si bien el CNPCyF da un marco general positivo e inclusivo, aún queda el desafío de integrar normas técnicas y criterios judiciales más desarrollados que aseguren el pleno respeto al debido proceso y a la fiabilidad de la prueba en entornos digitales.

En el caso de delitos cometidos mediante el uso de nuevas tecnologías, como es la violencia digital, resulta necesario allegarse de pruebas que salen de las tradicionales como son la confesión o la testimonial, pues se requerirá de pericias que analicen las huellas tecnológicas que la comisión del delito deja en los dispositivos tecnológicos. Dichas diligencias periciales permiten reconstruir la dinámica de los hechos, identificar a las personas responsables y aportar elementos objetivos de convicción (Martínez Atienza & Arteaga Íñigo, 2022).

La violencia digital, como se señaló en el capítulo II de esta Guía, guarda una estrecha relación con la violencia de género, si bien, el género no alude exclusivamente a mujeres, lo cierto es que, en casos de violencia digital, las mujeres y niñas siguen siendo las principales víctimas, mientras que la constante sigue siendo que es un hombre quien utiliza los medios digitales para llegar a agredir a esa mujer (Observatorio Español de Delitos Informáticos, 2021). Como se ha señalado en esta Guía, la violencia digital no constituye propiamente una nueva forma de violencia, sino la reproducción de actos violentos en un nuevo escenario, el digital. Los segos en la información se hacen presentes incluso para obtener suficientes datos acerca de cómo impacta el fénómeno en las disidencias sexo génericas y otras interseccionalidades.

Para la aplicación de la perspectiva de género en el juzgamiento, la SCJN ha establecido los elementos mínimos en la jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.). Acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Elementos para juzgar con perspectiva de género.

Para aplicar la perspectiva de género en el ámbito judicial y corregir desigualdades estructurales, se han desarrollado criterios clave que modifican el análisis probatorio tradicional. Uno de los más importantes es la inversión de la carga de la prueba en casos de discriminación, las relaciones de poder, y garantizar así la igualdad sustantiva, en línea con los estándares contra la violencia de género, donde corresponde a la autoridad justificar que su actuación no fue discriminatoria, en lugar de exigir únicamente a la víctima la demostración de los hechos.

Adicionalmente, se permite el uso de análisis contextuales —elementos del entorno social, histórico, antropológico o institucional— que ayudan a formar una convicción racional sobre la existencia de la agresión, especialmente cuando la víctima enfrenta obstáculos para obtener pruebas directas. Este enfoque exige que la persona juzgadora adopte un rol activo para la garantía de los derechos humanos.

A través de la jurisprudencia y las legislaciones nacionales e internacionales, la comunidad jurídica se ha esforzado en la construcción de estándares sobre el valor reforzado al testimonio de las víctimas de violencia de género, como se enlista a continuación :

En consecuencia con lo anterior, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (s.f.), en un caso relacionado con un delito contra la intimidad sexual, estableció que aplicar la perspectiva de género implica una valoración probatoria distinta, no para dar mayores beneficios a la víctima, sino para identificar y corregir las desventajas que enfrenta por su condición de mujer. Con base en ello, el juzgador otorgó un valor probatorio preponderante al testimonio de la víctima al considerarlo verosímil, congruente y, de manera fundamental, al estar respaldado por otras pruebas como un testigo indirecto, informes de la policía de investigación y peritajes psicológicos.

Así, la decisión se fundamentó en una interpretación integral de toda la evidencia, reconociendo la violencia digital como una forma específica de violencia de género y protegiendo los derechos humanos de la víctima en ese contexto:

En el siguiente diagrama se muestra de manera esquemática el testimonio de la víctima:

Al momento de admitir una prueba tecnológica es importante considerar la forma en que se obtuvo, ya que al ser obtenidas de manera directa de un dispositivo o de forma remota, y aportadas por alguna de las partes o de un tercero, es imperante verificar su licitud para garantizar que la prueba se haya obtenido sin violar derechos fundamentales, pues de lo contrario, sería nula.

En el caso de las pruebas obtenidas directamente por las personas que intervienen, como son las comunicaciones privadas, en el Artículo 276 del CNPP se señala que no se viola el deber de confidencialidad cuando se cuente con el consentimiento expreso de la persona con quien se guarda dicho deber, por lo que se refiere a las comunicaciones llevadas a cabo en redes sociales o mensajería sincrónica, se ha señalado que para que tengan eficacia probatoria, deben satisfacer como estándar mínimo, que se hayan obtenido mediante autorización judicial que ordene su intervención o a través del levantamiento del secreto por uno de sus participantes (Tribunales Colegiados de Circuito, 2017/Tribunales Colegiados de Circuito, 2025).

En cuanto a la información contenida en redes sociales cuando son públicas, se ha señalado que es lícita su obtención porque basta con acceder al perfil del usuario para obtenerlo (Primera Sala SCJN, 2008). Para el caso específico de Facebook, de acuerdo con sus políticas de privacidad, cada usuario es libre de administrar el contenido y la información que publica; sin embargo, se establece que la fotografía del perfil 'es pública', por consiguiente, quien decide usar dicha red social, asume las 'políticas de privacidad' que la misma determina; por lo tanto, no puede calificarse como 'prueba ilícita' la obtención de la impresión fotográfica del imputado cuando, para conseguirla, la ofendida no hizo otra cosa que acceder a la red social mencionada, e introducir versiones del nombre que recordaba de su probable agresor (Tribunales Colegiados de Circuito, 2015).

De acuerdo con la legislación mexicana, la valoración de pruebas digitales en juicio se fundamenta en la libre convicción del juzgador, pero exige primordialmente que se garantice la fiabilidad, autenticidad, integridad e inalterabilidad del método con que fue generada la evidencia. Esta tarea recae en la figura del perito informático, un profesional que recolecta, analiza y certifica diversos tipos de pruebas digitales —como correos, videos o mensajes— utilizando técnicas especializadas.

Entre sus métodos se encuentran el análisis de metadatos para determinar el origen y posibles alteraciones, el seguimiento de una estricta cadena de custodia conforme a normas internacionales como la ISO/IEC 27037 para asegurar su integridad, y el análisis técnico para detectar manipulaciones. Es importante destacar que, si bien el contenido de páginas web públicas puede considerarse un hecho notorio, el de sitios no regulados tiene un alcance probatorio limitado; es decir, solo demuestran que en dichos sitios web existen plasmados textos, sonidos o videos, no así la veracidad de su contenido (Tribunales Colegiados de Circuito, 2023), lo que refuerza la necesidad de la validación pericial para que una prueba digital sea plenamente aceptada en un proceso judicial.

Habiendo señalado la importancia del peritaje informático, es necesario resaltar que cuando se ordene un peritaje de esta naturaleza, la persona juzgadora deberá detallar de manera clara las acciones requeridas para la intervención pericial; por lo que se señalan algunas acciones enunciativas más no limitativas de lo que se puede solicitar en el peritaje:

En definitiva el trabajo pericial de la violencia digital tiene un largo camino que se ha ido construyendo con experiencias y jurisprudencia que busca responder a la magnitud del problema.

Uno de los principales aprendizajes que ofrece este capítulo es la necesidad imperativa de que las personas juzgadoras adopten la perspectiva de género e interseccional en todas las etapas del análisis probatorio en casos de violencia digital. Esto implica no solo reconocer las desigualdades estructurales que afectan a las víctimas —especialmente a mujeres y personas con identidades diversas—, sino también aplicar estándares probatorios diferenciados que consideren las particularidades del entorno digital.

En este apartado se destaca la importancia de admitir pruebas tecnológicas que muchas veces son desestimadas, como capturas de pantalla, testimonios indirectos o registros en redes sociales, y otorga lineamientos claros para su valoración con enfoque sensible al contexto de violencia. Este enfoque busca garantizar un acceso efectivo a la justicia para quienes enfrentan formas de violencia profundamente ligadas al género, la edad, la etnicidad u otras condiciones sociales.

En el contexto actual de acelerado desarrollo tecnológico, la inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una herramienta cada vez más utilizada en el ámbito judicial para apoyar la toma de decisiones, automatizar procesos y optimizar la gestión de casos. Sin embargo, su uso también plantea riesgos significativos, especialmente cuando no se consideran los impactos diferenciados que puede tener sobre mujeres, niñas y personas de la diversidad sexogenérica. La violencia digital, en sus múltiples manifestaciones, encuentra en los entornos tecnológicos un terreno fértil para reproducirse y escalar, lo que exige una respuesta institucional con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

En este capítulo se abordarán los principios de la debida diligencia aplicados al uso de herramientas de IA, en particular en casos relacionados con violencia digital de género. Se parte del reconocimiento de que el deber del Estado y, por ende, de quienes imparten justicia no se limita a sancionar, sino que incluye prevenir e investigar la violencia y reparar adecuadamente sus daños, incluso cuando esta se ejerce mediante tecnologías digitales.

Desde esta óptica, el capítulo desarrolla los elementos que componen la debida diligencia con perspectiva de género, destacando el papel de la interseccionalidad, así como la obligación de evitar la reproducción o profundización de estereotipos y sesgos algorítmicos que perpetúan desigualdades estructurales.

La debida diligencia con perspectiva de género implica que el personal jurisdiccional debe actuar con prontitud, eficacia, seriedad y sensibilidad de género para prevenir, investigar, sancionar y reparar los daños de la violencia digital, tomando en cuenta los contextos de desigualdad estructural que enfrentan principalmente mujeres, niñas y personas de la diversidad sexogenérica. Para ello se requiere que las personas juzgadoras:

De manera concreta, para garantizar la debida diligencia con perspectiva de género durante el proceso judicial se debe:

Las mujeres víctimas de violencia digital tienen derecho a una protección judicial efectiva, que incluya medidas de protección, acceso a un juicio oportuno y reparación integral. Este deber se deriva del principio de debida diligencia, conforme a la Convención de Belém do Pará y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lo cual obliga al Estado a investigar, sancionar, perseguir y reparar los actos de violencia con enfoque de género y en todos los entornos, incluidos los digitales. (Tribunales Colegiados de Circuito, s.f.).

Imparcialidad

En los casos de violencia digital perpetrada mediante inteligencia artificial, el principio de imparcialidad judicial cobra especial relevancia, ya que estas tecnologías pueden intensificar los daños hacia las víctimas, en particular mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad. La imparcialidad no debe entenderse como neutralidad frente a la desigualdad estructural, sino como una obligación de evaluar los hechos con objetividad e incorporar una perspectiva de derechos humanos y de género.

No dilación

El artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que los tribunales deben resolver los casos en un plazo razonable como parte de la debida diligencia. Un proceso penal que se prolonga injustificadamente y dificulta el esclarecimiento de los hechos o la determinación de responsabilidades no constituye un recurso judicial efectivo. La tutela judicial efectiva exige evitar dilaciones que puedan generar impunidad, garantizando tanto el derecho a la defensa como el derecho de las víctimas a conocer la verdad y obtener justicia en un tiempo razonable.

La razonabilidad del plazo se evalúa considerando la duración total del proceso penal, desde el primer acto contra la persona imputada hasta la sentencia definitiva. La Corte Interamericana ha identificado cuatro criterios para valorar esa razonabilidad: a) la complejidad del caso; b) la actuación procesal de la persona interesada; c) la conducta de las autoridades judiciales; y d) la afectación a la situación jurídica del involucrado (Corte IDH 2014).

No discriminación

Las formas digitales de violencia pueden ser particularmente graves para las mujeres y las niñas, pues están en riesgo de sufrir formas interseccionales de discriminación, que pueden verse exacerbadas por factores como la discapacidad, la orientación sexual, la afiliación política, la religión y el origen social, estatus migratorio o estatus de celebridad, entre otros (GREVIO, 2021); por lo que, resulta pertinente definir la discriminación contra las mujeres en términos del artículo 1 de la CEDAW:

Esta definición comprende toda diferencia de tratamiento basada en el sexo que intencionalmente o en la práctica coloque a las mujeres en una situación de desventaja, e impida el pleno reconocimiento de sus derechos humanos en las esferas públicas y privadas.

En general, durante el proceso, deben adoptarse medidas de protección para proteger la seguridad, la privacidad y la intimidad de las víctimas (Naciones Unidas, 1998). Igualmente debe proporcionarse a las víctimas información sobre sus derechos y la forma de ejercerlos dentro del proceso penal, en todas las fases de éste (Naciones Unidas, 1998; Naciones Unidas, 2005).

No revictimización

El tratamiento, investigación y sanción de casos de violencia digital debe evitar la vulneración de los derechos de los y las denunciantes (Corte IDH, 2006). Este principio parte de reconocer el primer episodio de violencia experimentado por la persona denunciante, para evitar que durante el proceso vuelva a sufrir otro acto de violencia. De manera que, por un lado, se debe salvaguardar a la persona de sufrir otras posibles agresiones y, por el otro, que a la hora de investigar el delito, no se repitan o re experimenten las situaciones de violencia ya experimentadas (Hiperderecho, 2024).

En ese sentido, los procedimientos civiles o penales deben permitir a las víctimas interponer medidas judiciales con la debida protección de su intimidad, y evitar la victimización secundaria; sin esa protección, las víctimas que intentan suprimir contenidos podrían correr el riesgo de que su caso se hiciera aún más público (Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, 2018). Para lo cual es importante anonimizar los datos de las víctimas, para evitar el “efecto streamer”, es decir que se siga reproduciendo la información.

Medidas de protección

En el marco de la obligación de debida diligencia, el Estado debe garantizar recursos judiciales cautelares que sean accesibles, rápidos, eficaces y adecuados para responder a los riesgos derivados de la violencia digital. Dado que esta forma de violencia puede tener consecuencias inmediatas y graves sobre la vida, integridad y dignidad de las víctimas —especialmente mujeres—, las medidas de protección deben ser urgentes y adaptadas al entorno digital.

El artículo 7, inciso f, de la Convención de Belém do Pará establece la obligación de adoptar medidas oportunas de protección y seguridad para evitar la indefensión de las mujeres. En congruencia, la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer ha señalado que esta obligación incluye la eliminación inmediata de contenidos digitales lesivos, la emisión ágil de órdenes judiciales y la intervención oportuna de intermediarios en línea, incluso mediante mecanismos de cooperación internacional.

A nivel nacional, el artículo 20 Sexies de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia faculta a las personas juzgadoras para ordenar de manera inmediata medidas como el bloqueo, eliminación o destrucción de contenido digital relacionado con casos de violencia de género, a fin de salvaguardar la integridad de las víctimas y prevenir su revictimización.

Evidencia probatoria

En cuanto a las evidencias que deben examinarse en casos de violencia, los principios internacionales afirman que como mínimo se deben recopilar y analizar todas las pruebas materiales y documentales y las declaraciones de los testigos (CIDH, 2007). En todo momento, la cultura de la víctima y el contexto en el que se produjo la violencia deben tomarse en consideración.

En cuanto al tipo de pruebas que son admisibles en casos de violencia digital, tal como sucede en casos de violencia sexual, es importante no inferir el consentimiento por parte de la víctima, por el ambiente de coerción que puede crear el agresor y una diversidad de factores que pueden inhibir a una víctima de resistir a su agresor (Corte Penal Internacional, 2000). Si bien, en la práctica puede ser difícil probar la falta de consentimiento en la ausencia de prueba directa, como trazos de violencia o testigos directos, las personas juzgadoras deben explorar todos los hechos y decidir con base en una evaluación de todas las circunstancias relacionadas; la investigación y sus conclusiones deben centrarse en el aspecto de la falta de consentimiento (Corte Europea de Derechos Humanos, 2003).

En los delitos de violencia digital, que suelen ocurrir en el ámbito privado, la única prueba disponible suele ser la declaración de la víctima, ya que los testigos se reducen generalmente a ella y al agresor. Por ello, es fundamental aplicar la perspectiva de género, a fin de evitar que prejuicios o estigmas sociales descalifiquen su testimonio y se absuelva al agresor por considerarlo insuficiente como prueba. (Gómez Colomer, 2015).

Reparación

Para la reparación del daño la persona juzgadora deberá tener claridad respecto a qué es lo que le hace sentido reparador a la víctima y qué es lo busca con el proceso, por ejemplo, si busca estar tranquila y en paz, que se castigue al perpetrador, a vivir sin miedo, detener la propagación de su información, aliviar el sufrimiento emocional, entre otros.

Debida diligencia reforzada en casos de niñas, niños y adolescentes

En México, uno de cuatro adolescentes de entre 12 y 17 años ha vivido alguna forma de ciberacoso (UNICEF, s.f.), lo que exige una debida diligencia reforzada. Esta implica la obligación de organizar el sistema de justicia, de forma que se garantice un proceso adaptado a las niñas, niños y adolescentes, conforme a su edad, madurez y nivel de comprensión.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH, 2018) ha establecido que este proceso debe de ser accesible, libre de revictimización y sustentado en medidas de protección y acompañamiento especializado, permitiendo así su participación efectiva como titulares de derecho, más allá del valor probatorio de su testimonio. Para garantizar su derechos a ser oídos, es esencial que el entorno sea seguro y respetuoso, y que el personal esté capacitado para interactuar con sensibilidad y respeto.

El incumplimiento de estos estándares vulnera el deber de debida diligencia, como lo evidenció el caso K.U. vs. Finlandia, en el cual el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que la falta de un marco legal adecuado impidió identificar al autor de un anuncio sexual falso publicado en nombre de un niño, subrayando la urgencia de una protección efectiva en el entorno digital.

En el contexto de la inteligencia artificial, el respeto a la dignidad humana exige que todas las personas sean tratadas como sujetos de derechos y no como objetos manipulables por tecnologías automatizadas (Grupo de expertos de alto nivel sobre IA, 2019). Ante casos de violencia digital, las personas juzgadoras deben resolver con base en principios de derechos humanos, incorporando enfoque de género e interseccionalidad.

La no discriminación, la equidad y la proporcionalidad deben guiar la interpretación del derecho para asegurar una justicia efectiva e inclusiva. Además, la labor judicial implica evaluar críticamente el impacto de la inteligencia artificial en el proceso, especialmente cuando estas tecnologías se relacionan con las pruebas o los hechos del caso. Para ello, es necesario que las y los juzgadores comprendan sus alcances, limitaciones y sesgos, y formulen preguntas que permitan evitar decisiones basadas en sistemas opacos o discriminatorios. Esto implica preguntar:

Si bien la IA puede aportar herramientas valiosas al sistema de justicia, su uso no sustituye el razonamiento jurídico humano. Toda decisión basada en IA debe ser explicable, revisable y estar sujeta al control del órgano jurisdiccional, pues la responsabilidad última recae en quien imparte justicia.

Las personas juzgadoras deben estar alertas a los sesgos que pueden surgir del diseño o entrenamiento de los sistemas automatizados, ya que estos pueden generar resultados discriminatorios, como invisibilizar patrones de violencia digital de género. En estos casos, deben extremarse las medidas de protección, evitando que la IA desestime testimonios, minimice pruebas digitales o imponga barreras para las víctimas.

Aplicar perspectiva de género no se reduce a la participación de mujeres en el proceso judicial. Esta debe comprenderse como un enfoque sustantivo que permite identificar desigualdades estructurales, estereotipos y condiciones de vulnerabilidad que afectan a las víctimas. Confundir la presencia de mujeres con la existencia de perspectiva de género equivale a sustituir el análisis crítico por una apariencia de inclusión. La verdadera perspectiva de género exige conocimiento especializado, empatía y un análisis interseccional que asegure que las decisiones judiciales no reproduzcan injusticias ni revictimicen.

En los casos de violencia digital, una comprensión errónea o superficial de la perspectiva de género por parte del Poder Judicial tiene como consecuencia central la reproducción de la desigualdad y la normalización de la violencia institucional.. En el ámbito digital, la violencia tecnológica, como el acoso en línea, la difusión no consentida de contenido íntimo o el uso de inteligencia artificial para generar material abusivo, suele minimizarse o desestimarse, reforzando la idea de que las víctimas son responsables por exponerse. Así, sin una verdadera perspectiva de género, el sistema judicial termina legitimando nuevas formas de violencia y exclusión bajo la apariencia de neutralidad (Gutiérrez Román & Sánchez Islas, 2024).

Principio de no discriminación

Para garantizar una justicia no discriminatoria, es fundamental que las resoluciones judiciales superen la simple neutralidad formal, reconociendo que una decisión aparentemente imparcial puede tener efectos discriminatorios si no considera las desigualdades estructurales. Esto implica la obligación de identificar y corregir activamente los sesgos institucionales y tecnológicos, como los presentes en algoritmos de IA. De manera crucial, se deben erradicar prácticas judiciales que desincentiven la denuncia o invisibilicen la violencia digital de género al considerarla 'menos grave', asegurando que no se minimice la agresión ni se culpe a las víctimas

Principio de equidad

La equidad exige tratar de manera distinta a quienes están en situaciones distintas para lograr una verdadera igualdad sustantiva. Este principio va más allá de la igualdad formal ante la ley y reconoce que hay grupos históricamente excluidos que requieren acciones afirmativas o medidas diferenciadas para garantizar sus derechos en condiciones de igualdad real.

Principio de proporcionalidad

Este principio obliga a que toda medida adoptada por el Estado, incluyendo decisiones judiciales, sea adecuada, necesaria y razonable en relación con los fines perseguidos, y que no restrinja más derechos de los estrictamente necesarios.

En el ámbito de la violencia digital y el uso de IA, este principio exige:

• Evaluar que las medidas adoptadas (como restricciones a plataformas, limitación de contenidos, o uso de tecnologías predictivas) no vulneren de forma desproporcionada otros derechos fundamentales, como la libertad de expresión o la privacidad.
• Asegurar que las sanciones o medidas cautelares sean proporcionales al daño causado y no revictimicen ni sobrecarguen a la persona afectada
• Balancear adecuadamente los intereses en juego (protección de la víctima, interés público, derechos del acusado, entre otros), priorizando siempre los derechos humanos y la integridad de las personas

Aplicar estos principios en las decisiones judiciales es fundamental para evitar resoluciones que revictimicen a quienes han sufrido violencia digital, especialmente cuando se les responsabiliza por su exposición previa. En un caso ilustrativo, una mujer compartió por error fotografías íntimas mediante mensajería instantánea. Más de tres años después, pese a haber solicitado su eliminación, la persona que las recibió las difundió públicamente en redes sociales. Dicho caso fue resuelto en 2020 por el Juzgado Penal Unipersonal de Cascanueces, Perú. El cual sostuvo lo siguiente (Hiperderecho, 2024):

Como puede advertirse, el criterio seguido por el juez es contrario a derecho, ya que se aparta del tipo penal, el cual específicamente se refiere a la difusión sin consentimiento del material íntimo, aun cuando la persona agraviada haya enviado dicho material al autor del delito. A la vez, este argumento sigue patrones machistas sobre el consentimiento, revictimizando a la persona agraviada, imponiendo sobre ella la carga psicológica de haber contribuido a su propia agresión y haber vulnerado su propio derecho, en lugar de sancionar a la persona que difundió sin su consentimiento las fotografías.

El capítulo analiza los principios de debida diligencia con perspectiva de género en el uso de la inteligencia artificial, particularmente en casos de violencia digital. Se destaca que las autoridades deben actuar con celeridad, imparcialidad y sin estereotipos, priorizando la protección, reparación integral y valoración adecuada de la evidencia, especialmente cuando hay niñas, niños o adolescentes involucrados. Asimismo, se subraya que los sistemas de IA aplicados en la justicia deben regirse por los principios de no discriminación, equidad y proporcionalidad, a fin de evitar la reproducción de violencias estructurales. En conjunto, el capítulo reafirma que la implementación de IA en el ámbito judicial debe apegarse a estándares éticos y jurídicos que garanticen el acceso a una justicia efectiva y con enfoque de género.

En el contexto global actual, la violencia digital por razones de género ha emergido como una manifestación cada vez más frecuente y compleja de las desigualdades estructurales que afectan a mujeres, niñas y personas con identidades de género diversas. Esta forma de violencia, facilitada por el uso de tecnologías digitales, reproduce patrones tradicionales de discriminación y control. Además plantea desafíos específicos para los sistemas de justicia.

El sistema universal de derechos humanos ofrece parámetros normativos frente a los casos de violencia de género, reconociendo la violencia digital como una violación de derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la vida libre de violencia, la privacidad, la libertad de expresión y la igualdad ante la ley. Diversos órganos de las Naciones Unidas —como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Consejo de Derechos Humanos y el Relator Especial sobre la violencia contra la mujer y las niñas— han emitido recomendaciones, informes y observaciones generales que sientan precedentes y estándares relevantes en la materia.

En el Anexo I de esta guía podrás encontrar un amplio compendio de la jurisprudencia en el Sistema Universal de los Derechos Humanos.

El sistema interamericano de derechos humanos ha reconocido que los Estados tienen la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar actos de violencia contra las mujeres, independientemente del espacio en el que ocurran, lo que incluye el ámbito digital. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como los informes temáticos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han desarrollado estándares que resultan fundamentales para orientar la actuación del personal jurisdiccional en estos casos.

En el Anexo II de esta guía podrás encontrar un amplio compendio de la jurisprudencia en el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos.

En el Anexo III de esta guía podrás encontrar criterios nacionales para orientar tu trabajo jurisdiccional.

El capítulo destacó la importancia de que el personal judicial reconozca la violencia digital como una forma real de violencia, aplicando perspectiva de género e interseccionalidad. Señala la necesidad de garantizar el acceso a la justicia sin revictimización, proteger integralmente a las víctimas, valorar adecuadamente las pruebas digitales y emitir sentencias reparadoras. También enfatiza el uso ético de la tecnología, la capacitación continua de operadores de justicia y la colaboración con plataformas digitales para prevenir y sancionar efectivamente estos delitos.