Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (2017). Recomendación general N.º 35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer.

20. La violencia por razón de género contra la mujer se produce en todos los espacios y esferas de la interacción humana, ya sean públicos o privados, entre ellos los contextos de la familia, la comunidad, los espacios públicos, el lugar de trabajo, el esparcimiento, la política, el deporte, los servicios de salud y los entornos educativos, y en la redefinición de lo público y lo privado a través de entornos tecnológicos, como las formas contemporáneas de violencia que se producen en línea y en otros entornos digitales. En todos esos entornos, la violencia por razón de género contra la mujer puede derivarse de los actos u omisiones de agentes estatales o no estatales, que actúan territorialmente o extraterritorialmente, incluidas las acciones militares extraterritoriales de los Estados, a título individual o como miembros de organizaciones o coaliciones internacionales o intergubernamentales, o las operaciones extraterritoriales de las empresas privadas. Estos estándares se enfocan en la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género en línea, así como en el apoyo a las víctimas y la sensibilización de la sociedad.[…]

B. Prevención

30. El Comité recomienda que los Estados partes apliquen las siguientes medidas preventivas:

[…]

d) Aprobar y aplicar medidas eficaces para alentar a los medios de comunicación a que eliminen la discriminación contra la mujer, en particular la divulgación de una imagen perjudicial y estereotipada de las mujeres o de determinados grupos de mujeres, como las defensoras de los derechos humanos, de sus actividades, prácticas y resultados, por ejemplo en la publicidad, en línea y en otros entornos digitales. Las medidas deberían incluir lo siguiente:

i) Alentar la creación o el fortalecimiento de mecanismos de autorregulación por parte de organizaciones de medios de comunicación, incluidas organizaciones de medios de comunicación en línea o de medios sociales, encaminados a la eliminación de los estereotipos de género relativos a las mujeres y los hombres o a grupos específicos de mujeres, y abordar la violencia por razón de género contra la mujer que se produce a través de sus servicios y plataformas;

[…]

F. Coordinación, vigilancia y recopilación de datos

34. El Comité recomienda que los Estados partes apliquen las siguientes medidas con respecto a la coordinación, vigilancia y recopilación de datos relativos a la violencia por razón de género contra la mujer:

[…]

b) Establecer un sistema para recabar, analizar y publicar periódicamente datos estadísticos sobre el número de denuncias de todas las formas de violencia por razón de género contra la mujer, incluida la violencia ejercida mediante las tecnologías, el número y tipo de órdenes de protección dictadas, las tasas de desestimación y retirada de denuncias, el enjuiciamiento y la condena y la cantidad de tiempo necesario para la resolución de las causas. El sistema debería incluir información sobre las condenas impuestas a los autores y las reparaciones, en particular las indemnizaciones, concedidas a las víctimas y supervivientes. Todos los datos deberían desglosarse según el tipo de violencia, la relación entre la víctima o superviviente y el autor y en relación con las formas interrelacionadas de discriminación contra la mujer y otras características sociodemográficas pertinentes, como por ejemplo la edad de la víctima o superviviente. El análisis de los datos debería permitir la identificación de errores en la protección y servir para mejorar y seguir desarrollando medidas de prevención, que, en caso de ser necesario, deberían incluir la creación o la designación de observatorios para la recopilación de datos administrativos sobre los asesinatos de mujeres por razón de género, también conocidos como “femicidio” o “feminicidio”, y los intentos de asesinato de mujeres;

[…]

G. Cooperación internacional

35. El Comité recomienda que los Estados partes apliquen las siguientes medidas con respecto a la cooperación internacional para combatir la violencia por razón de género contra la mujer:

a) Obtener apoyo, cuando sea necesario, de fuentes externas, como los organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas, la comunidad internacional y la sociedad civil, a fin de cumplir las obligaciones en materia de derechos humanos mediante el diseño y la aplicación de todas las medidas necesarias para eliminar y combatir la violencia por razón de género contra la mujer, teniendo en cuenta, en particular, la evolución de los contextos mundiales y la naturaleza cada vez más transnacional de esa forma de violencia, incluidos los entornos tecnológicos y otras operaciones extraterritoriales de agentes no estatales. Los Estados partes deberían instar a los agentes empresariales en cuya conducta esté en condiciones de influir para que ayuden a los Estados en los que operan en sus esfuerzos por hacer plenamente efectivo el derecho de las mujeres a la protección contra la violencia;

Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. (2007). Observación general Nº 32: Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia (CCPR/C/GC/32).

9. El articulo 14 incluye el derecho de acceso a los tribunales en los casos en que se trata de determinar cargos penales, así como también derechos y obligaciones en un procedimiento judicial. El acceso a la administración de justicia debe garantizarse efectivamente en todos esos casos para asegurar que ninguna persona se vea privada, por lo que toca al procedimiento, de su derecho a exigir justicia. El derecho de acceso a los tribunales y cortes de justicia y a la igualdad ante ellos no está· limitado a los ciudadanos de los Estados Partes, sino que deben poder gozar de él todas las personas, independientemente de la nacionalidad o de la condición de apátrida, como los demandantes de asilo, refugiados, trabajadores migratorios, niños no acompañados y otras personas que puedan encontrarse en el territorio o sujetas a la jurisdicción del Estado Parte. Una situación en la que los intentos del individuo de acceder a las cortes o tribunales competentes se vean sistemáticamente frustrados de jure o de facto va en contra de la garantía reconocida en la primera oración del párrafo 1 del articulo14. Esta garantía prohíbe también toda distinción relativa al acceso a los tribunales y cortes de justicia que no esté basada en derecho y no pueda justificarse con fundamentos objetivos y razonables. La garantía se infringe si a determinadas personas se les impide entablar una acción contra cualquier otra persona por razones tales como la raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra Índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición.

III. Una audiencia pública con las debidas garantías ante un tribunal competente, independiente e imparcial

21. El requisito de imparcialidad tiene dos aspectos. En primer lugar, los jueces no deben permitir que su fallo esté influenciado por sesgos o prejuicios personales, ni tener ideas preconcebidas en cuanto al asunto sometido a su estudio, ni actuar de manera que indebidamente promueva los intereses de una de las partes en detrimento de los de la otra. En segundo lugar, el tribunal también debe parecer imparcial a un observador razonable. Por ejemplo, normalmente no puede ser considerado imparcial un juicio afectado por la participación de un juez que, conforme a los estatutos internos, debería haber sido recusado.

Consejo de Derechos Humanos. Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos el 14 de julio de 2023. 53/29. Las tecnologías digitales nuevas y emergentes y los derechos humanos

3. Resalta la importancia de la necesidad de respetar, proteger y promover los derechos humanos y las libertades fundamentales, en reconocimiento de la dignidad inherente al ser humano, durante todo el ciclo de vida de los sistemas de inteligencia artificial y, con este fin, la especial necesidad de:

a) Proteger a las personas de los daños causados por los sistemas de inteligencia artificial, en particular garantizando la seguridad de estos sistemas, introduciendo marcos para las evaluaciones de impacto relacionadas con los derechos humanos, ejerciendo la diligencia debida para evaluar, prevenir y mitigar las repercusiones negativas para los derechos humanos, y garantizando recursos efectivos y la supervisión humana, la rendición de cuentas y la responsabilidad jurídica;

b) Proteger a las personas contra la discriminación por motivos de raza, género, edad, discapacidad, nacionalidad, religión e idioma, entre otros, resultante de la concepción, el diseño, la utilización, el despliegue y la ulterior implantación de sistemas de inteligencia artificial, prestando atención a las personas que corren mayor riesgo de que sus derechos se vean afectados de manera desproporcionada por la inteligencia artificial, incluidas las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas, lingüísticas o raciales, los Pueblos Indígenas y las comunidades locales, las personas de las zonas rurales, las personas en situación de desventaja económica y las personas en situaciones de vulnerabilidad o marginación, entre otras cosas garantizando que los datos utilizados en el entrenamiento de algoritmos sean precisos, pertinentes y representativos y se verifiquen para evitar sesgos encubiertos;

c) Promover la transparencia de los sistemas de inteligencia artificial y la explicabilidad adecuada de las decisiones adoptadas con ayuda de la inteligencia artificial, teniendo en cuenta los diversos niveles de riesgo para los derechos humanos que se derivan de estas tecnologías;

d) Garantizar que los datos utilizados por los sistemas de inteligencia artificial se recopilen, utilicen, compartan, archiven y eliminen de forma coherente con las obligaciones que incumben a los Estados en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y las responsabilidades de las empresas comerciales en consonancia con los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos;

Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. (2021). Resolución 47/23: Las tecnologías digitales nuevas y emergentes y los derechos humanos (A/HRC/RES/47/23).

Reconociendo también los riesgos que las tecnologías digitales nuevas y emergentes pueden conllevar para la protección, la promoción y el disfrute de los derechos humanos, incluidos, entre otros, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, el derecho a la libertad de opinión y de expresión, los derechos a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación, el derecho a un recurso efectivo y el derecho a la intimidad, de conformidad con las obligaciones contraídas por los Estados en virtud del derecho internacional de los derechos humanos,

Reconociendo también, en el contexto de las tecnologías digitales nuevas y emergentes, la necesidad de hacer frente, de un modo compatible con las obligaciones contraídas por los Estados en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, a la difusión de desinformación, que puede estar concebida para incitar a la violencia, el odio, la discriminación y la hostilidad, entre otras cosas, el racismo, la xenofobia, los estereotipos negativos y la estigmatización,

Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias. (2018). Violencia en línea contra las mujeres y las niñas desde la perspectiva de los derechos humanos (A/HRC/38/47). Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

B. Recomendaciones dirigidas a los Estados

93. Los Estados deben reconocer la violencia en línea y facilitada por las TIC contra la mujer como una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación y violencia por razón de género contra la mujer, y aplicar debidamente los instrumentos internacionales fundamentales de derechos humanos.

94. Los Estados deben hacer valer el principio de que los derechos humanos y los derechos de la mujer protegidos fuera de Internet también deben ser protegidos en línea mediante la ratificación y aplicación de todos los tratados fundamentales de derechos humanos.

100. Los Estados deben velar por que se adopten medidas efectivas para impedir la publicación de material nocivo que comprenda la violencia de género contra la mujer, y para que este se suprima con carácter urgente. Los Estados deben aprobar, o adaptar (según proceda) sus causas penales y civiles para que los autores rindan cuentas de sus actos. Estas medidas legislativas deben aplicarse también a las amenazas de publicación en línea de información o contenidos nocivos.

101. Los Estados deben prohibir claramente y tipificar como delito la violencia en línea contra la mujer, en particular la distribución no consensuada de imágenes íntimas, el acoso y el hostigamiento criminal en Internet. La penalización de la violencia en línea contra la mujer debe abarcar todos los elementos de este tipo de abusos, incluidos los contenidos perjudiciales compartidos posteriormente. Debe establecerse la ilegalidad de la amenaza de divulgación no consentida de imágenes, de modo que puedan intervenir defensores y fiscales y prevenir el abuso antes de que sea perpetrado.

102. Los Estados deben aplicar una perspectiva de género a todas las formas de violencia en línea, que por lo general están tipificadas de una manera neutra en cuanto al género, a fin de considerarlas actos de violencia por razón de género. Los procedimientos de acción penal o civil deben permitir a las mujeres víctimas interponer medidas judiciales con la debida protección de su intimidad, y evitar la victimización secundaria de la mujer; sin esa protección, las víctimas que intentan suprimir contenidos podrían correr el riesgo de que su caso se hiciera aún más público.

103. Los Estados deben proporcionar a las víctimas recursos jurídicos y asistencia jurídica apropiada a fin de que puedan solicitar al tribunal una orden de supresión del contenido perjudicial, además de una orden provisional para que el autor deje de distribuir el material rápidamente, hasta tanto se resuelva la causa judicial, en colaboración con los intermediarios de Internet.

104. Los Estados deben permitir a las víctimas obtener órdenes de protección (por ejemplo, órdenes de alejamiento) en los tribunales de familia o civiles para impedir que los abusadores publiquen o distribuyan imágenes íntimas sin su consentimiento o participen en otra forma de acoso o violencia, ya sea en línea o fuera de línea.

105. Los Estados deben proporcionar capacitación a los magistrados, abogados, agentes de policía y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los trabajadores de primera línea a fin de asegurar su capacidad para investigar y enjuiciar a los responsables, y fomentar la confianza del público en la obtención de justicia para los casos de violencia en línea y facilitada por las TIC.

106. Los Estados también deben elaborar protocolos y códigos de conducta internos y externos especializados, claros, eficientes y transparentes para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que se ocupan de la cuestión de la violencia en línea contra las mujeres, a fin de que puedan comprender mejor que la violencia en línea es una forma de violencia por razón de género que merece una respuesta seria, que tenga en cuenta los traumas que provoca.

107. Los Estados deben ofrecer medidas de protección y servicios para las víctimas de la violencia de género en línea, que incluyan líneas telefónicas de asistencia especializada para prestar apoyo a las personas que han sido objeto de ataques en línea, centros de acogida y órdenes de protección.

108. Los Estados deben ofrecer medidas de reparación, que no deben limitarse únicamente a una indemnización. Estas medidas también deben incluir formas de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, que combinen medidas simbólicas, materiales, individuales y colectivas, en función de las circunstancias y de las preferencias de la víctima.

109. Los Estados deben establecer cooperación con los intermediarios privados y las instituciones nacionales de derechos humanos y prestar apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que se ocupan de la violencia en línea contra la mujer.

Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2021). El derecho a la privacidad en la era digital (A/HRC/48/31).

B. Recomendaciones

59. La Alta Comisionada recomienda a los Estados que:

a) Reconozcan plenamente la necesidad de proteger y reforzar todos los derechos humanos en el desarrollo, el uso y la gobernanza de la IA como objetivo fundamental, y garanticen en la misma medida el respeto y la observancia de todos los derechos humanos, tanto en línea como en entornos no electrónicos;

b) Velen por que el uso de la IA respete todos los derechos humanos y por que cualquier injerencia en el derecho a la privacidad y otros derechos humanos mediante el uso de la IA esté prevista en la ley, persiga un objetivo legítimo, cumpla con los principios de necesidad y proporcionalidad y no comprometa la esencia de los derechos en cuestión;

(…)

g) Garanticen que las víctimas de violaciones de derechos humanos y abusos relacionados con el uso de sistemas de IA tengan acceso a recursos efectivos;

h) Exijan la explicabilidad adecuada de todas las decisiones basadas en la IA que puedan afectar significativamente a los derechos humanos, particularmente en el sector público;

i) Aumenten las medidas de lucha contra la discriminación vinculada al uso de sistemas de IA por parte de los Estados y las empresas, entre otras cosas realizando, exigiendo y promoviendo evaluaciones sistemáticas y supervisando los resultados de los sistemas de IA y los efectos de su implantación;

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2020). Impacto de las nuevas tecnologías en la promoción y protección de los derechos humanos en el contexto de las reuniones, incluidas las protestas pacíficas (A/HRC/44/24).

53. En este contexto, la Alta Comisionada recomienda a los Estados que:

(…)

Vigilancia

d) Velen por que toda injerencia con el derecho a la privacidad, incluso mediante la vigilancia de las comunicaciones y el intercambio de información de inteligencia, se ajuste al derecho internacional de derechos humanos, en particular los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad;

e) Promuevan y protejan las distintas opciones de cifrado y anonimización en línea, y velen por que las leyes establezcan la supervisión judicial de toda medida de levantamiento del anonimato;

f) Prohíban el uso de técnicas de vigilancia para la vigilancia indiscriminada y no selectiva de quienes ejercen el derecho de reunión pacífica y asociación, tanto en espacios físicos como digitales, y velen por que las medidas de vigilancia selectiva se autoricen únicamente cuando haya una sospecha razonable de que una persona determinada haya cometido o esté cometiendo un delito o un acto equiparable a una amenaza específica para la seguridad nacional;

(…)

h) Se abstengan siempre de utilizar la tecnología de reconocimiento facial para identificar a los asistentes a una reunión pacífica;

i) Abstenerse de grabar las imágenes de los participantes en una reunión, a menos que haya indicios concretos de que los participantes están cometiendo, o cometerán, actos delictivos graves, y que dicha grabación esté contemplada en la ley y se realice con las sólidas salvaguardias necesarias;

Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial. UNESCO. (2022).

87. Los Estados Miembros deberían velar por que se optimice plenamente el potencial de las tecnologías digitales y la inteligencia artificial para contribuir a lograr la igualdad de género, y han de asegurarse de que no se conculquen los derechos humanos y las libertades fundamentales de las niñas y las mujeres, ni su seguridad e integridad, en ninguna etapa del ciclo de vida de los sistemas de IA. Además, la evaluación del impacto ético debería incluir una perspectiva transversal de género.

89. Los Estados Miembros deberían velar por que se aproveche el potencial de los sistemas de IA para impulsar el logro de la igualdad de género. Deberían asegurarse de que estas tecnologías no exacerben las ya amplias brechas que existen entre los géneros en varios ámbitos del mundo analógico, sino que, al contrario, las eliminen. Entre estas brechas cabe citar la disparidad salarial entre hombres y mujeres; su representación desigual en ciertas profesiones y actividades; la falta de representación en los puestos directivos superiores, las juntas directivas o los equipos de investigación en el campo de la IA; la brecha educativa; las desigualdades en el acceso, la adopción, la utilización y la asequibilidad de la tecnología digital y de la IA; y la distribución desigual del trabajo no remunerado y de las responsabilidades de cuidado en nuestras sociedades.

90. Los Estados Miembros deberían velar por que los estereotipos de género y los sesgos discriminatorios no se trasladen a los sistemas de IA, sino que se detecten y corrijan de manera proactiva. Es preciso esforzarse por evitar el efecto negativo combinado de las brechas tecnológicas para lograr la igualdad de género y prevenir la violencia contra las niñas y las mujeres, así como contra los grupos insuficientemente representados, que puede manifestarse en forma de hostigamiento, acoso o trata, incluso en línea.

Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205.

1.2. Deber de respeto, garantía y no discriminación de los derechos consagrados en los artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana y acceso a la justicia conforme a los artículos 8 y 25 de la misma

258. [En relación al deber de prevención], se desprende que los Estados deben adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres. En particular, deben contar con un adecuado marco jurídico de protección, con una aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias. La estrategia de prevención debe ser integral, es decir, debe prevenir los factores de riesgo y a la vez fortalecer las instituciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva a los casos de violencia contra la mujer. Asimismo, los Estados deben adoptar medidas preventivas en casos específicos en los que es evidente que determinadas mujeres y niñas pueden ser víctimas de violencia. Todo esto debe tomar en cuenta que en casos de violencia contra la mujer, los Estados tienen, además de las obligaciones genéricas contenidas en la Convención Americana, una obligación reforzada a partir de la Convención Belém do Pará. La Corte pasará ahora a analizar las medidas adoptadas por el Estado hasta la fecha de los hechos del presente caso para cumplir con su deber de prevención. (…)

281. En el presente caso, existen dos momentos claves en los que el deber de prevención debe ser analizado. El primero es antes de la desaparición de las víctimas y el segundo antes de la localización de sus cuerpos sin vida.

282. Sobre el primer momento –antes de la desaparición de las víctimas- la Corte considera que la falta de prevención de la desaparición no conlleva per se la responsabilidad internacional del Estado porque, a pesar de que éste tenía conocimiento de una situación de riesgo para las mujeres en Ciudad Juárez, no ha sido establecido que tenía conocimiento de un riesgo real e inmediato para las víctimas de este caso. Aunque el contexto en este caso y sus obligaciones internacionales le imponen al Estado una responsabilidad reforzada con respecto a la protección de mujeres en Ciudad Juárez, quienes se encontraban en una situación de vulnerabilidad, especialmente las mujeres jóvenes y humildes, no le imponen una responsabilidad ilimitada frente a cualquier hecho ilícito en contra de ellas. (…)

289. El deber de investigar es una obligación de medio y no de resultado, que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. La obligación del Estado de investigar debe cumplirse diligentemente para evitar la impunidad y que este tipo de hechos vuelvan a repetirse. En este sentido, la Corte recuerda que la impunidad fomenta la repetición de las violaciones de derechos humanos.

290. A la luz de ese deber, una vez que las autoridades estatales tengan conocimiento del hecho, deben iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de todos los autores de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales.

293. La Corte considera que el deber de investigar efectivamente, siguiendo los estándares establecidos por el Tribunal (…) tiene alcances adicionales cuando se trata de una mujer que sufre una muerte, maltrato o afectación a su libertad personal en el marco de un contexto general de violencia contra las mujeres. (…)

400. (…) La impunidad de los delitos cometidos envía el mensaje de que la violencia contra la mujer es tolerada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad en las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en el sistema de administración de justicia. (…)

401. En similar forma, el Tribunal considera que el estereotipo de género se refiere a una pre-concepción de atributos o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente. Teniendo en cuenta las manifestaciones efectuadas por el Estado (..), es posible asociar la subordinación de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de género socialmente dominantes y socialmente persistentes, condiciones que se agravan cuando los estereotipos se reflejan, implícita o explícitamente, en políticas y prácticas, particularmente en el razonamiento y el lenguaje de las autoridades de policía judicial, como ocurrió en el presente caso. La creación y uso de estereotipos se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer.

1.3. Derechos de las niñas, artículo 19 de la Convención Americana

408. Esta Corte ha establecido que los niños y niñas tienen derechos especiales a los que corresponden deberes específicos por parte de la familia, la sociedad y el Estado. Además, su condición exige una protección especial que debe ser entendida como un derecho adicional y complementario a los demás derechos que la Convención reconoce a toda persona. La prevalencia del interés superior del niño debe ser entendida como la necesidad de satisfacción de todos los derechos de la infancia y la adolescencia, que obliga al Estado e irradia efectos en la interpretación de todos los demás derechos de la Convención cuando el caso se refiera a menores de edad. (…)

II. Artículo 11 (protección de la honra y de la dignidad) de la Convención Americana.

444. El artículo 11 de la Convención reconoce que toda persona tiene derecho al respeto a su honor, prohíbe todo ataque ilegal contra la honra y reputación e impone a los Estados el deber de brindar la protección de la ley contra tales ataques. En términos generales, el derecho a la honra se relaciona con la estima y valía propia, mientras que la reputación se refiere a la opinión que otros tienen de una persona.

Corte IDH. Caso V.R.P., V.P.C. y otros Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de marzo de 2018. Serie C No. 350.

381. En este sentido, la Corte estima conveniente ordenar que el Estado adopte protocolos que establezcan medidas claras de protección y criterios a tomar en cuenta durante las investigaciones y procesos penales derivados de actos de violencia sexual en perjuicio de niñas, niños y adolescentes; que aseguren que las declaraciones y entrevistas, los exámenes médico-forenses, así como las pericias psicológicas y/o psiquiátricas sean llevadas a cabo de forma ajustada a las necesidades de niñas, niños y adolescentes víctimas, y delimiten el contenido de la atención integral especializada para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual. Por ello, la Corte ordena al Estado la adopción, implementación, supervisión y fiscalización apropiada de tres protocolos estandarizados, a saber: i) protocolo de investigación y actuación durante el proceso penal para casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual; ii) protocolo sobre abordaje integral y valoración médico legal para casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, y iii) protocolo de atención integral para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual.

382. En relación con el protocolo de investigación y actuación durante el proceso penal para casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, el Estado deberá tener en cuenta los criterios establecidos en los instrumentos internacionales en materia de protección de los derechos del niño, niña y adolescente, así como los estándares desarrollados en esta Sentencia y en la jurisprudencia de la Corte. En este sentido, dicho protocolo deberá tener en consideración que la debida diligencia reforzada implica la adopción de medidas especiales y el desarrollo de un proceso adaptado a las niñas, niños y adolescentes con miras a evitar su revictimización, por lo que deberá incluir, conforme con los estándares desarrollados en los párrafos 158 a 168, al menos los siguientes criterios: i) el derecho a la información relativa al procedimiento, así como los servicios de asistencia jurídica, de salud y demás medidas de protección disponibles; ii) la asistencia letrada, gratuita y proporcionada por el Estado, de un abogado especializado en niñez y adolescencia, con facultades de constituirse en calidad de parte procesal, oponerse a medidas judiciales, interponer recursos y realizar todo otro acto procesal tendiente a defender sus derechos en el proceso; iii) el derecho a ser oído, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, que conlleva un criterio reforzado de celeridad; iv) el derecho de la niña, niño o adolescente víctima a participar en el proceso penal, en función de su edad y madurez, y siempre que no implique un perjuicio en su bienestar biopsico-social. Para ello, deben realizarse las diligencias estrictamente necesarias y evitarse la presencia e interacción de las niñas, niños y adolescentes con su agresor; v) generar las condiciones adecuadas para que las niñas, niños y adolescentes puedan participar de forma efectiva en el proceso penal mediante las protecciones especiales y el acompañamiento especializado; vi) la entrevista deberá llevarse a cabo por un psicólogo especializado o un profesional de disciplinas afines debidamente capacitado en la toma de este tipo de declaraciones de niñas, niños y adolescentes; vii) las salas de entrevistas otorgarán un entorno seguro y no intimidatorio, hostil, insensible o inadecuado, que les brinde privacidad y confianza; viii) el personal del servicio de justicia que intervenga deberá estar capacitado en la temática, y ix) deberá brindarse asistencia inmediata y profesional, tanto médica como psicológica y/o psiquiátrica, a cargo de un profesional específicamente capacitado en la atención de víctimas de este tipo de delitos y con perspectiva de género. La Corte considera que este protocolo deberá estar dirigido, especialmente, a todo el personal de la administración de justicia que intervenga en la investigación y tramitación de procesos penales en casos de niñas, niños o adolescentes víctimas de violencia sexual, sea que ésta haya ocurrido en la esfera pública o privada.

OEA-CIM-MESECVI y ONU Mujeres. (2022). Ciberviolencia y ciberacoso contra las mujeres y niñas en el marco de la Convención de Belém do Pará.

7.2. Obligación de protección

Bajo el marco de debida diligencia es obligación de los Estados diseñar e implementar recursos judiciales de naturaleza cautelar, sencillos, rápidos y accesibles que puedan funcionar como un remedio idóneo y efectivo para prevenir situaciones de violencia digital contra las mujeres y protegerlas de contextos de revictimización dentro y fuera del internet.

En particular, de conformidad con artículo 7 inciso f de la Convención de Belém do Pará, ante casos de violencia digital que puedan significar un riesgo para la vida, integridad y dignidad de las víctimas, el Estado tiene la obligación de brindar protección y adoptar medidas de seguridad oportunas para evitar que éstas queden desprotegidas, asegurando que las autoridades competentes respondan de forma coordinada y efectiva para hacer cumplir sus términos y objetivos. El otorgamiento de tales medidas de protección refleja un reconocimiento por parte del Estado de la situación de riesgo que enfrentan las mujeres a causa de la violencia digital.

En el caso específico de la violencia en línea contra las mujeres, como lo ha referido la REVM-ONU, “la obligación de proteger a las víctimas abarca el establecimiento de procedimientos para la supresión inmediata de un contenido perjudicial por motivos de género mediante la eliminación del material original o de su distribución, [así como] la adopción de medidas judiciales inmediatas por conducto de órdenes judiciales nacionales y la rápida intervención de los intermediarios de Internet y, en algunos casos, también puede requerir la cooperación extraterritorial”.

En ese sentido, los Estados deben proporcionar a las víctimas recursos y asistencia jurídica apropiada a fin de que puedan solicitar al tribunal una orden de supresión del contenido perjudicial, además de una orden provisional para que el autor deje de distribuir el material hasta tanto se resuelva la causa judicial, en colaboración con las empresas intermediarias de internet. Asimismo, se debe asegurar que puedan obtener órdenes de protección para impedir que agresores íntimos publiquen material sin su consentimiento o lleven a cabo otras formas de violencia digital. Además, se deben ofrecer medidas de protección y servicios para las víctimas incluyendo líneas telefónicas de asistencia especializada ataques en línea y centros de acogida.

La naturaleza de las medidas de protección en casos de violencia contra las mujeres es variada, si bien deben responder a la urgencia de la situación y ser inmediatas y efectivas. Se requiere además contar con protocolos o directivas específicas y de capacitación para su implementación, y evaluarse sin la necesidad de iniciar procedimientos civiles o penales.

(…)

7.3. Obligación de investigación y sanción

La obligación de investigar es parte de las medidas positivas que deben adoptar los Estados para garantizar los derechos reconocidos en la Convención de Belém do Pará, la cual es una obligación de medios y no de resultados que debe ser asumida como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad.

Como lo ha referido el CEVI, la obligación de investigar se complementa y refuerza con las obligaciones derivadas de la Convención de Belém do Pará. Por tanto, en casos de violencia de género contra las mujeres facilitada por las TIC, las autoridades deben llevarla a cabo de forma seria, imparcial, efectiva, orientada a la determinación de la verdad y con una perspectiva de género. Asimismo, las víctimas de violencia digital deben contar con amplias posibilidades de ser escuchadas y actuar en los procesos de esclarecimiento de los hechos, de sanción de los responsables y de reparación.

Además, considerando la prevalencia de la violencia en línea contra mujeres y niñas, en el marco de las obligaciones de debida diligencia reforzada los Estados deben asegurar que autoridades policiales, fiscales y judiciales respondan de forma coordinada, pronta e inmediata, y que existan los mecanismos de denuncia adecuados.

Tomando en consideración que “el acceso a la justicia constituye la primera línea de defensa de los derechos humanos de las víctimas de violencia de género”, con base en el inciso f del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, los Estados deberán establecer procedimientos legales justos y eficaces para que las mujeres y las niñas víctimas de violencia en línea puedan acceder a la justicia, garantizándoles no sólo el acceso a recursos efectivos para procesar y condenar a los responsables de actos de violencia sino también para combatir la impunidad y prevenir una nueva victimización y futuros actos de violencia. Como lo ha señalado la CIDH, una efectiva investigación y procesamiento de casos de violencia tiene un efecto directo en las tasas de prevalencia de dicha violencia.

Resulta crucial colocar a las víctimas al centro de los esfuerzos para fortalecer el acceso a la justicia en casos de violencia de género digital, incluyendo, por ejemplo, su contención emocional durante el juicio.

Los Estados deben actuar también con la debida diligencia para sancionar a los responsables de actos de violencia en línea mediante penas proporcionales y necesarias, lo cual “transmite el mensaje de que no se tolerará la violencia contra las mujeres y las niñas facilitadas por la TIC”, siendo esto especialmente importante en un ámbito en el que persiste una cultura de impunidad para los agresores.

Para la identificación y eventual sanción de los responsables se deberá contar con la colaboración de las plataformas de internet, respetando siempre los principios de la libertad de expresión. De acuerdo con la REVM-ONU “si bien es esencial mantener el anonimato de los usuarios, la identificación de los autores es necesaria si ha de abordarse la violencia en línea por razón de género. El acceso a la justicia requiere procesos de identificación y la capacidad de vincular los identificadores digitales, como una dirección IP, con los dispositivos y los autores materiales, por un poder judicial independiente. Un conjunto de instrumentos jurídicos cuidadosamente adaptados a este fin podría facilitar el proceso de identificación”.

7.4. Obligación de reparación

En atención al artículo 7 inciso g, los Estados tienen la obligación de establecer los mecanismos necesarios para asegurar que las víctimas de violencia en línea tengan acceso efectivo a la reparación por los daños sufridos como consecuencia de tales actos. Las medidas de reparación deben ir más allá de la mera sanción penal en contra de los agresores e incluir la adopción de medidas de satisfacción, rehabilitación, garantías de no repetición y compensación.

De acuerdo con los estándares del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, la reparación es no sólo un medio para el restablecimiento de los derechos de las víctimas, sino que además tienen una vocación transformadora al permitir abordar y combatir la situación estructural de violencia, marginación y discriminación de género que pudieron ser las causas de los hechos victimizantes.

En el caso de la violencia en línea, estas medidas de reparación del daño deben pensarse desde una visión amplia que ponga al centro las necesidades de las víctimas y pueden incluir, entre otras, compensación financiera para sufragar los costos de los daños materiales e inmateriales que permitan restablecer en la medida de lo posible a las víctimas en la situación anterior a la violación y reconstruir sus vidas a corto, mediano y largo plazo. También deben incluir la atención de salud y psicológica a las víctimas durante y después del proceso judicial, la implementación de mecanismos para asegurar el retiro y eliminación inmediata de las plataformas de internet de los contenidos perjudiciales para la víctima (sobre todo en casos de distribución no consensuada de imágenes íntimas), requerimientos inmediatos para impedir su publicación y, cuando proceda, la baja de los perfiles agresores.

Las garantías de no repetición pueden involucrar el fortalecimiento del marco normativo para combatir la violencia de género en línea, la creación de protocolos de investigación y de atención a víctimas con perspectiva de género, la capacitación y sensibilización de servidores públicos en torno a las características de la violencia digital y medidas de protección para evitar que las víctimas sufran represalias. En cuanto a las medidas de satisfacción, se incluyen la elaboración de campañas para la prevención de la violencia digital y la formulación de disculpas públicas.

CIDH. (2007). Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas.

En el plano nacional se encuentran diversos criterios jurisprudenciales aplicables a casos de violencia digital, con especial atención a aquellas que han considerado elementos para aplicar la perspectiva de género, como los que se mencionan a continuación: